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CLAUSURAN EN OPERATIVO LOS BARES “LA FINCA” Y “EL MOJITO”

PGJE.- Por diversas irregularidades sanitarias y ausencia de las medidas de seguridad, señalización y falta de documentación, los establecimientos denominados “La Finca” y “El Mojito”, ubicados en los municipios de Chiautempan y Tlaxcala, respectivamente, fueron suspendidos de sus funciones la madrugada del 10 de mayo, durante un operativo interinstitucional.

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El primer inmueble supervisado por las autoridades estatales fue el denominado “La Finca”, ubicado en prolongación Antonio Díaz Varela, número 153-A, municipio de Chiautempan, en el que se supervisó a 78 personas entre mujeres y hombres, a fin de constatar que no contaran con antecedentes judiciales o que fueran menores de edad, sin que se registrara alguna novedad.

El bar fue suspendido de sus funciones, por personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coepris) por no cumplir con diversas normas sanitarias, además de incumplir con la normatividad de la Ley del Tabaco vigente en el Estado. En tanto la Coordinación Estatal de Protección Civil, clausuró el establecimiento por falta de documentación y medidas de seguridad.

Simultáneamente, la célula dos se situó en el inmueble denominado “El Mojito”, ubicado en avenida Ferrocarril, número 27-B, en la comunidad de Ixtulco, municipio de Tlaxcala, donde se revisó a 55 clientes, tras la inspección, la Coordinación Estatal de Protección Civil suspendió el lugar por falta de medidas de seguridad, en tanto, la Coepris emitió únicamente algunas recomendaciones que deberá subsanar en cinco días.

En las inmediaciones de los dos bares, los agentes de la Policía Ministerial revisaron 25 vehículos estacionados, a fin de constatar que no contaran con reporte de robo vigente, en ningún caso se presentó alguna irregularidad.

En esta acción conjunta que inició a las 22:00 horas, del 9 de mayo y concluyó a las 01:45 horas del día siguiente, participaron elementos de la Policía Ministerial y Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la Procuraduría General de la República (PGR), efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (Sspe), de la Policía Federal, así como trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud (Sesa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh).

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