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CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS


 

HONORABLE ASAMBLEA:

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnado el expediente parlamentario LXII 033/2017, que contiene el oficio 6954/2017, dictado en autos del Juicio de amparo número 239/2016, así como la sentencia dictada dentro de los autos del juicio de amparo referido, misma que fue dictada el día veinte de junio de dos mil dieciséis, en la que en el considerando sexto se ordena que: “…deberá concederse el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, Congreso del Estado de Tlaxcala y Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia del Congreso del Estado de Tlaxcala, dejen insubsistentes los actos reclamados… y en su lugar emitan otros, en el cual cumpliendo con los requisitos formales de una debida fundamentación y motivación, así como de congruencia, con libertad de jurisdicción determinen lo que en derecho proceda y conforme a sus atribuciones.

 

En cumplimiento a la determinación referida con anterioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones I y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones I y XX, 47 fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a emitir el presente dictamen, mediante el cual, se REFORMA el Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado en sesión pública de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada el día veinte de junio de dos mil dieciséis, con base en los siguientes:

 

R E S U L T A N D O S

 

  1. Mediante escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, Rafael Juárez Castañeda, con el carácter de Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos de la LX Legislatura concretamente, en contra del Decreto 185 de fecha trece de agosto de dos mil trece, por virtud del cual se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de manera específica impugnó la parte relativa a la desaparición de la figura de Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

 

  1. A través de sentencia fechada el diez de marzo de dos mil catorce, terminada de dictar el diez de junio del mismo año, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, resolvió el Juicio de Amparo Indirecto 1951/2013-III-B, en el considerando quinto y en la parte que interesa para los efectos del presente dictamen, se estableció que:

 

En las relacionadas condiciones al resultar fundado el concepto de violación sujeto a estudio y por ende, estimarse inconstitucional por las consideraciones vertidas en la presente resolución, el Decreto número 185, de fecha trece de agosto del año dos mil trece, por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; con el que se suprimió la figura del Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; así como el artículo octavo transitorio, en el cual se dispuso que los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones (dentro de uno de ellos el hoy quejoso), concluirían las mismas, a la entrada en vigor del Decreto en cuestión, por lo que el Poder Judicial debería prever una partida presupuestal especial a efecto de finiquitar su relación laboral conforme a derecho; lo procedente será conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala, no le aplique al hoy quejoso, Magistrado ratificado inamovible, las reformas mencionadas y reclamadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace a la supresión de la figura de Magistrado Supernumerario, y a la orden dada en el transitorio octavo de que el Magistrado Supernumerario concluya sus funciones a la entrada en vigor del Decreto en cuestión; esto es, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, deberá restituirse al quejoso, en el pleno goce de la garantía violada, desaplicando dicho decreto, y por ende, se le reinstale en el puesto que venía desempeñando de Magistrado, con el pago de las prestaciones inherentes a tal cargo desde la fecha en que fue separado.

Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados de las autoridades ejecutoras, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; Tesorero del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Contralor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud de no reclamarse por vicios propios, sino que los actos reclamados, son una consecuencia del decreto tildado y declarado inconstitucional en la presente sentencia; por lo tanto, tampoco deberán aplicarle al hoy quejoso dichas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por ende, se le reinstale en el puesto que venía desempeñando de Magistrado, con el pago de las prestaciones inherentes a tal cargo desde la fecha en que fue separado.

 

A su vez, el punto resolutivo identificado como primero de la sentencia a la que se viene haciendo referencia en el presente apartado, indica:

 

PRIMERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, Honorable LX Legislatura del Estado de Tlaxcala, depositaria del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Director del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Tesorero del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Contralor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando quinto de la misma resolución.

 

  • Inconforme con lo anterior, la LXI Legislatura del Estado de Tlaxcala, interpuso Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, radicándose este con el número 829/2014.

 

  1. Mediante oficio 79611/2015, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, notificado a esta Soberanía el día diecinueve del mismo mes y año referido, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, notificó a esta Soberanía la sentencia dictada en el amparo en revisión 829/2014, la cual, en obvio de repetición se da por reproducida en sus términos para los efectos del presente dictamen, pero en la parte que interesa, determina lo siguiente:

 

Se debe conceder la protección constitucional para el efecto de que el Congreso del “Estado de Tlaxcala:

  1. Reforme el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del mismo Estado el día veintiuno siguiente, únicamente por cuanto a Rafael Juárez Castañeda, para que mediante un nuevo texto establezca las bases concretas y claras sobre la remuneración a que aquél tiene derecho, congruente con el salario y demás percepciones que recibía, así como con la naturaleza de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación.

 

Con base en la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, el Ciudadano Juez Primero de Distrito, requirió a esta Soberanía para que en el plazo de tres días contados a partir de dicha notificación, cumpliera con la ejecutoria de amparo dictada, debiendo además, informar sobre ese cumplimiento, anexando las constancias que así lo acreditaran.

 

  1. En atención a lo anterior, el Congreso del Estado de Tlaxcala, en sesión pública de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, aprobó el Decreto 202 que contiene la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de fecha trece de agosto de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintiuno siguiente, únicamente por cuanto al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; en el decreto aludido, se estableció lo siguiente:

 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones, concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto; el Licenciado Rafael Juárez Castañeda tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de tres años, que deberá ser acorde a la remuneración que percibía, congruente con el salario y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual, suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación; por lo que, el primer año le será pagado el equivalente el setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía; para ello el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto.

 

  1. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra del Congreso del Estado de Tlaxcala y diversas autoridades que señaló con el carácter de ordenadoras y ejecutoras, Juicio de Amparo que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad de Tlaxcala.

 

De las autoridades ordenadoras, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y Comisiones Unidades de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y Finanzas y Fiscalización del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señalo el Dictamen con Proyecto de Decreto y Decreto a través del cual se reforma el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece.

 

  • Con fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, el Juez Primero de Distrito en el Estado, dictó sentencia definitiva en la que se resolvió:

 

PRIMERO.- La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rafael Juárez Castañeda, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, Congreso del Estado de Tlaxcala y Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia del Congreso del Estado de Tlaxcala, Presidenta y Representante Legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura Federal, y Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último de la misma resolución.”   

 

El último considerando de la sentencia, a que se refiere el resolutivo primero transcrito con anterioridad, en esencia determinó que:

 

…deberá concederse el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, Congreso del Estado de Tlaxcala y Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia del Congreso del Estado de Tlaxcala, dejen insubsistentes los actos reclamados… y en su lugar emitan otros, en el cual cumpliendo con los requisitos formales de una debida fundamentación y motivación, así como de congruencia, con libertad de jurisdicción determinen lo que en derecho proceda y conforme a sus atribuciones.

 

  • Inconforme con dicho fallo, el Congreso del Estado de Tlaxcala, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, de la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y el Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis, que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el que por auto de veintiséis siguiente lo registró con el número R-521/2016, y lo admitió a trámite.

 

  1. Con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, resolvió el recurso de revisión 521/2016, promovido en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 239/2016 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y en el segundo punto de los resolutivos de la sentencia referida, se determinó que:

 

SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Rafael Juárez Castañeda, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos determinados en el fallo sujeto a revisión.”

 

  1. Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Ciudadano Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, requirió al Congreso del Estado de Tlaxcala, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, que cumplan la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Indirecto 239/2016, en la que esencialmente se estableció lo siguiente:

 

“… en los actos de molestia mencionados, no motivaron la causa legal de su proceder; esto es, fueron omisas en establecer, sobre qué base, es decir, qué significado se otorga al concepto vida digna; por qué razón se arriba a la conclusión de que tres años, constituyen en término equitativo; respecto de qué parámetros se localiza esa postura; qué reglas generales, principios, lineamientos o contexto orientaron esa decisión, el por qué ese término y porcentajes; advirtiéndose además, que no se expusieron las razones, motivos y circunstancias, que se tomaron en cuenta para llegar a considerar como razonable, justo, equitativo, adecuado y congruente con su condición, el haber por retiro concedido; de ahí que los actos reclamados no se encuentran motivados…

 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas proceden a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida, conforme a los siguientes:

 

C O N S I D E R A N D O S

 

  1. Que en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo; que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los Tribunales que establezcan las Constituciones respectivas; y que, los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales.

 

  1. Que en términos de lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación en su diverso 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, acuerdos o decretos, y que estos últimos, son resoluciones que se emiten respecto de un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso en particular relativo a determinado tiempo, lugar o instituciones, de ahí que, conforme a su naturaleza, se propone el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, en términos de lo que dispone el artículo 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

 

  1. Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, son aplicables los artículos 38 fracción I y III, 49 fracción I y IX, 57 fracción III y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

 

Con base en los preceptos descritos, se justifica la competencia para analizar y estudiar el asunto materia de este dictamen, toda vez que son las comisiones ordinarias del Congreso local, quienes tiene la facultad para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala.

 

  1. Resulta importante tener presente que, el artículo OCTAVO TRANSITORIO del Decreto 185, de fecha trece de agosto de dos mil trece[1], por virtud del cual, se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, establecía lo siguiente:

 

“ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones, concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que el Poder Judicial deberá prever una partida presupuestal especial a efecto de finiquitar su relación laboral conforme a derecho.”

 

El transitorio trascrito, tal y como se refirió en los resultandos del presente dictamen, con motivo de la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, sufrió una modificación, para quedar de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones, concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto; el Licenciado Rafael Juárez Castañeda tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de tres años, que deberá ser acorde a la remuneración que percibía, congruente con el salario y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual, suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación; por lo que, el primer año le será pagado el equivalente el setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía; para ello el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto.

 

  1. La reforma citada en la parte final del anterior párrafo, fue modificada mediante sentencia de amparo, y en ella se ordenó al Congreso del Estado de Tlaxcala, fundar y motivar de una manera reforzada las consideraciones a través de las cuales el Congreso del Estado de Tlaxcala y Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia del Congreso del Estado de Tlaxcala, dejen insubsistentes los actos reclamados, y en su lugar emitan otros, en el cual cumpliendo con los requisitos formales de una debida fundamentación y motivación, así como de congruencia, con libertad de jurisdicción determinen lo que en derecho proceda y conforme a las atribuciones establecidas en la Ley.

 

Con base en lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento exacto a la sentencia a que nos venimos refiriendo, procedemos a manifestar las razones que motivaron la causa legal del proceder de esta Soberanía; esto es, se va a establecer, sobre qué base, y qué significado se otorga al concepto vida digna; por qué razón se arriba a la conclusión de que tres años, constituyen en término equitativo; respecto de qué parámetros se localiza esa postura; qué reglas generales, principios, lineamientos o contexto orientaron esa decisión, el por qué ese término y porcentajes; así como las razones, motivos y circunstancias, que se tomaron en cuenta para llegar a considerar como razonable, justo, equitativo, adecuado y congruente con su condición, el haber por retiro concedido, a efecto de motivar y cumplir la garantía de legalidad, prevista en el artículo 16 Constitucional.

 

CONSIDERACIONES PREVIAS.

 

  1. Se debe tener presente que el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, consagra la directiva de la independencia de los tribunales, que consiste en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños[2]; entraña tanto el pilar del Estado de Derecho en la que se expresa las garantías constitucionales de los tribunales y juzgadores, al tiempo de que se erige en un derecho humano a que se imparta justicia por un tribunal y juzgador independiente.

 

Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la independencia judicial constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, lo relacionado con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales[3].

 

En lo que ve a la seguridad económica, tiene como propósito asegurar que los juzgadores perciban una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo[4].

 

Conforme a las anteriores consideraciones es dable sostener que, las autoridades jurisdiccionales de los Estados, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, aunado a que, estarán sujetos a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

 

Como se observa, la independencia es una condición esencial para asegurar la imparcialidad del órgano jurisdiccional y de los magistrados locales; la independencia en su vertiente de derecho a la remuneración está prevista en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que, los magistrados y los jueces de los Estados percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, con lo que se garantiza la autonomía e independencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al evitar las influencias internas y externas al momento de tomar sus decisiones.

 

De lo anterior resulta que la autonomía e independencia de los tribunales locales, así como la de cada uno de los magistrados que la conforman, es condición relevante para el correcto cumplimiento de su función jurisdiccional local, en la medida que los casos jurídicos sometidos a su potestad podrán ser resueltos de manera imparcial.

 

Ahora, en términos de lo resuelto por el Ciudadano Juez Primero de Distrito en el Estado, y tomando en cuenta las consideraciones previas asentadas en el presente apartado, es dable sostener que, al haber desaparecido la figura de Magistrado Supernumerario que ostentaba RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, y al no existir funciones jurisdiccionales que deba desarrollar, en las cuales deba de tener garantizada un ejercicio pleno de acción; ya no está sujeto al supuesto establecido en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, la cual consiste en percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, y con lo cual se garantiza la autonomía e independencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al evitar las influencias internas y externas al momento de tomar sus decisiones.

 

ANÁLISIS.

 

  1. Es importante manifestar que, ni la Constitución Federal ni local existe una definición de lo que son los haberes de retiro a que tienen derecho los juzgadores, por lo que resulta conveniente indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 25/2008, estableció que el “HABER DE RETIRO”, se debe entender como una prestación periódica, temporal y suficiente para la subsistencia de los funcionarios judiciales que, ya sea por retiro forzoso o por cumplir el tiempo por el cual fueron designados se retiran de sus funciones.

 

Al respecto, en relación al presente Decreto, conviene reseñar algunos de los razonamientos vertidos por nuestro Máximo Tribunal, que al interpretar el artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las Constituciones de los Estados y sus leyes reglamentarias, deben respetar los principios de independencia y autonomía judicial, lo que puede concretarse, entre otros parámetros, bajo el entendido de que, al final del ejercicio de dicho cargo, pueda otorgarse un haber por retiro determinado por los propios Congresos Locales.

 

Lo expuesto en el párrafo precedente, se advierte de la Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 172525, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 44/2007, Página: 1641, de rubro y texto siguiente:

 

ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no sean removidos sin causa justificada.”

(Lo resaltado es propio)

Para tal efecto, como ya se anticipó, conforme a lo razonado en la controversia constitucional 25/2008, el “haber de retiro” es una prestación periódica, temporal y suficiente para la subsistencia de los funcionarios judiciales, que una vez que se retiran de sus funciones, ya sea por retiro forzoso o al cumplir el tiempo para el cual fueron designados, tengan lo necesario, a efecto de garantizar que éstos tengan acceso a una vida digna.

 

En consecuencia, estas Comisiones Unidas estiman que, para dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, es necesario tener presentes los razonamientos que este Poder Legislativo consideró al emitir el dictamen que dio lugar al Decreto 202, controvertido en el Juicio de Amparo Indirecto 239/2016 de los índices del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, lo que se estima pertinente si partimos de la base de que, la ejecutoria de amparo no modificó ni revocó el decreto mencionado ni lo razonado en el mismo, sino que, lo que estableció, es que resulta necesario que el legislador precise las razones legales y los motivos particulares que llevaron a establecer el haber de retiro por el término de tres años, en los porcentajes (70, 60 y 50%, respectivamente) del total de los ingresos que percibía cuando estaba en funciones, es decir, la ejecutoria de amparo ordena se adicionen razones que justifiquen lo determinado en el Decreto 202.

 

Así, estas Comisiones Unidas destacan que, en el Decreto 202, se razonó que, el máximo Tribunal del país, ha estimado pertinente implementar un haber de retiro periódico (quincenal o mensual), por ello, se estableció dicho haber a favor del Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, por el término improrrogable de tres años, acorde a la remuneración que percibía, congruente con el salario y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual, suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación.

 

Por lo que, en el Decreto 202 se estableció que, el primer año le será pagado el equivalente al setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía; para ello el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro.

 

Asimismo, en el Decreto 202, se estableció que el periodo y porcentajes definidos, se determinaron en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, con la finalidad de que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, satisfaga de forma autónoma sus necesidades, las de su familia, y le permita tener una vida decorosa.

 

Finalmente, en el Decreto 202, se estableció que el haber de retiro otorgado al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, es acorde a los parámetros constitucionales delineados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en el voto concurrente relacionado con la controversia constitucional 25/2008, emitido por los Ministros: Luis María Aguilar Morales, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, esencialmente razonaron que: para establecer el haber por retiro se deben fijar las bases, mecanismos y periodicidad, para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando la autonomía del poder judicial para su integración y funcionamiento, pero respetando y garantizando su independencia judicial, pues el haber de retiro es un derecho reconocido por la Constitución a favor de los impartidores de justicia.

 

Asimismo, en el Decreto 202 se estableció que, el haber de retiro mencionado, se apoyó en la Tesis: P./J. 112/2010, que derivó de la controversia constitucional 25/2008, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 163090, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Constitucional, Página: 2815, de rubro y texto siguiente:

 

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del penúltimo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del numeral 9o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, se advierte que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tendrán derecho a un haber por retiro, no obstante, si bien es cierto que el referido artículo 61 establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará el haber a que tendrán derecho los Magistrados que se retiren forzosa o voluntariamente, también lo es que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni alguna otra ley local fijan las bases, mecanismo y periodicidad para su otorgamiento, lo que vulnera el artículo 116, fracción III, párrafo antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se respeta la estabilidad en el cargo ni se asegura la independencia judicial, pues al término del plazo de 17 años, los Magistrados que culminen su encargo constitucional no tienen la certeza de cuál es ese haber por retiro ni del momento en el cual lo recibirán.”

 

Finalmente, en el Decreto 202, se consideró que el haber de retiro establecido para el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, es acorde a los parámetros que derivan de la experiencia de la labor de los Tribunales Constitucionales de nuestro país, y por ende, se da pleno cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Amparo en Revisión Administrativo 829/2014, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; siendo inadmisible otorgar un haber de retiro tomando como base prestaciones de naturaleza laboral conforme a las leyes locales del Estado, esto en virtud de que los Magistrados del Poder Judicial Local, son los titulares del órgano que realiza la función jurisdiccional, que tienen otorgada a su favor la garantía de independencia judicial, lo cual, es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, de ahí que no sea posible considerar que los Magistrados sean, al mismo tiempo, titulares y trabajadores o empleados, de manera que si los Magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios de uno de los tres poderes, no pueden tener derecho a las prestaciones que se establecen las leyes laborales respectivas.

 

Así, tomando en cuenta que dicha ejecutoria no estableció de forma expresa que se modificara la temporalidad o porcentajes que, por concepto de haber de retiro se otorgó a favor del Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, y considerando que dicha ejecutoria solo ordenó motivar la determinación contenida en el Decreto 202, en el sentido de exponer las razones, motivos y circunstancias que justifiquen la temporalidad y los porcentajes del haber de retiro mencionado, es que, en los siguientes párrafos se procede a exponer la motivación ordenada en la ejecutoria multicitada.

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA.

 

  1. Ahora bien, según se desprende de diversos criterios emitidos en sentencias por parte de la Suprema Corte de justicia de la Nación, el haber no tiene como finalidad recompensar toda una carrera de servicios, más bien se debe entender que el otorgamiento de un haber de retiro obedece a dos finalidades: la primera consiste en recompensar a una persona por la prestación de algún servicio público de una gran relevancia social. La segunda consiste en servir como garantía para el ejercicio de ese servicio público, de esa función. Es decir, el haber de retiro es uno de los elementos que garantizan el debido funcionamiento e independencia de determinadas instituciones.

 

En el caso de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, esto ha sido claramente explicado por el Pleno del Tribunal Constitucional del país en diversos precedentes.

 

En primer lugar, vale la pena hacer referencia a la jurisprudencia P./J. 101/2000, con número de registro IUS 190,976. En esa jurisprudencia se explicó que el artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Federal, garantiza la independencia de los poderes judiciales de las entidades federativas.

 

Asimismo, se indicó que hay cuatro principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en que se divide el ejercicio del poder público para garantizar la independencia judicial:

 

  • el régimen de nombramientos, que debe garantizar la idoneidad de las personas nombradas;
  • la carrera judicial, que debe estar prevista en normas generales en sentido formal y material;
  • la seguridad económica para los jueces y magistrados, pues debe preverse una remuneración adecuada e irrenunciable que no puede ser disminuida durante su encargo; y
  • la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, que tiene que ver con el diseño institucional que impida que los funcionarios judiciales sean removidos arbitrariamente de su cargo.

 

Algunos años más tarde, el Pleno abundó sobre la noción de independencia de los poderes judiciales locales y, particularmente, se pronunció sobre el principio de la estabilidad en el cargo, tal como se advierte de la jurisprudencia P./J. 44/2007, con número de registro IUS 172,525, de rubro y texto siguientes:

 

ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no sean removidos sin causa justificada.”

 

Esta jurisprudencia derivó de la controversia constitucional 9/2004, fallada el 23 de octubre de 2006 y, como se advierte, en ella se hace referencia al concepto de “haber de retiro”.

 

Conforme a los lineamientos sentados por el Pleno de la Corte, las entidades federativas deben garantizar en su régimen interno la independencia de los poderes judiciales locales. Uno de los requisitos para ello es que se garantice la estabilidad en el cargo de los magistrados, lo cual puede lograrse de diversas maneras. Si el constituyente estatal decide, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, que los nombramientos de estos funcionarios no serán vitalicios, entonces deben prever un periodo razonable para el ejercicio del cargo y, además, debe otorgárseles un haber de retiro “determinado por los propios congresos locales”.

 

Se entiende que lo anterior garantiza la independencia de los jueces pues pretende evitarse que, a la conclusión de su encargo, tengan preocupación sobre qué labor tendrán que desempeñar para ganarse la vida inmediatamente después de la conclusión del cargo.

 

Así pues, conforme a los criterios del Tribunal Pleno, puede concluirse que el haber de retiro, en el contexto de los funcionarios judiciales de las entidades federativas, no sólo es una prestación económica que se otorga en función de la recompensa que merece un servidor público al término de su encargo, sino que sirve a un propósito institucional: se trata de uno de los elementos que permitirá garantizar la independencia del Poder Judicial de las entidades federativas.

 

Con base en las anteriores consideraciones, se exponen las razones y motivos de Temporalidad, Idoneidad, Necesidad, y Proporcionalidad (en sentido estricto) del haber de retiro otorgado al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA.

 

TEMPORALIDAD DEL HABER DE RETIRO. En el ordenamiento jurídico mexicano hay dos casos destacados de haberes de retiro de carácter vitalicio, y estos se refieren a los haberes de retiro de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los integrantes de las fuerzas armadas.

 

En el ámbito judicial, la figura del haber de retiro se introdujo en el texto constitucional con motivo de la reforma de 1994, que modificó la estructura del Poder Judicial de la Federación y estableció un nuevo marco regulatorio para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien desde ese entonces la Constitución se refiere al “haber por retiro” de los Ministros al vencimiento de su periodo, lo cierto es que ahí no se precisaron los términos y condiciones de su  otorgamiento. Esa tarea la llevó a cabo el legislador ordinario en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenamiento que puntualiza que dicho haber (del cual sólo gozan los Ministros; pues no está previsto para los magistrados, jueces de distrito u otros funcionarios judiciales) es vitalicio.

 

Hay otro importante caso en que se prevé la figura de un haber de retiro vitalicio, que es el previsto para los integrantes de las fuerzas armadas en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM).

 

La primera LISSFAM data del año 1976 y en 2003 se expidió una nueva LISSFAM para actualizar el marco jurídico que regulaba la seguridad social de los miembros de las fuerzas armadas, en particular, ajustándolo al texto reformado del artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional. Específicamente, el artículo 21 de la LISSFAM vigente, es la norma que contempla el haber de retiro vitalicio para los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México que cumplan ciertos requisitos.

 

En este sentido, es importante destacar que el régimen de seguridad social y el haber a que tienen derecho estas personas obedece a las características especiales y a las duras exigencias de las labores que los integrantes de las fuerzas armadas desempeñan para la defensa y protección de todos los mexicanos.

 

Así pues, los dos referentes en el marco jurídico nacional relacionados con haberes de retiro de carácter vitalicio, son el de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (previsto a grandes rasgos en el artículo 94 constitucional y regulado de manera detallada en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) y el de los integrantes de las fuerzas armadas (creado en la LISSFAM).

 

No obstante, debe tenerse presente que la utilización del concepto “haber de retiro” en el régimen de los militares responde a la lógica de la organización de las fuerzas armadas mexicanas, y puede equipararse en cierto sentido a una “pensión”, dado que se otorga en función de edad y años de servicio. La LISSFAM reserva el concepto de “pensión” para “la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones” que fije la ley, conforme al citado artículo 21.

 

Cabe destacar que, tanto en el caso del haber de retiro de los Ministros de la Suprema Corte como en el de los militares (que es sui generis, según ya se ha explicado), el carácter de vitalicio de dicha prestación deriva de una decisión que tomó el legislador secundario. En el ámbito de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, y que los congresos estatales tienen libertad de configuración para fijar el monto y condiciones de entrega del haber de retiro, siempre que se respeten los principios de independencia judicial y estabilidad en el cargo.

 

Por este motivo, es dable sostener que el haber de retiro no tiene que ser vitalicio como en el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la prestación prevista en el artículo 21 de la LISSFAM. El carácter vitalicio de estos haberes de retiro no es un derecho constitucional ni mucho menos constituye una prestación que pueda hacerse extensiva en automático o por analogía a sujetos en condiciones similares, como podrían ser los magistrados de un Poder Judicial local.

 

Destacado lo anterior, se considera que la temporalidad de tres años por concepto de haber de retiro es adecuado, si partimos de la base que equivale a una cuarta parte del tiempo (doce años) en el que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, prestó su servicio como Magistrado de Tribunal Superior de Justicia; aunado a que el artículo 116 fracción III de la Carta Magna, no establece de forma expresa temporalidad alguna para el otorgamiento del haber de retiro, el cual deviene de la interpretación plasmada en la jurisprudencia.

 

En efecto, la temporalidad mencionada se estima adecuada para cumplir con un fin constitucionalmente válido que es precisamente la estabilidad en el cargo e independencia judicial, y también parte de la base de que el haber de retiro no recompensa el desempeño de toda una carrera, sino que tutela el ejercicio de la función de magistrado, que respecto al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, se efectuó durante 12 años, por lo que en el lapso de tres años, tendrá una fuente de ingresos estable para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar.

 

Asimismo, se estima que la temporalidad de tres años, resulta adecuada, si partimos de la base de que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, en términos del artículo 59 fracción XVI[5], de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, estaba vinculado a abstenerse de intervenir durante el ejercicio de sus funciones y hasta por un año después de retirarse del cargo de Magistrado Supernumerario, de intervenir en asuntos que generaran conflicto de intereses, lo cual implica que, pasado el año a que se refiere el numeral mencionado, el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, puede trabajar e inclusive ejercer su profesión, de manera que el lapso de tres años otorgados por concepto de haber de retiro, no solo cubren el término de un año de abstención descrito en el numeral invocado, sino que lo rebasa (triplica), lo cual, genera condiciones para que RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, durante ese lapso (tres años), pueda planear su futuro, pues se reitera, el haber de retiro no recompensa el desempeño de toda una carrera, sino que tutela el ejercicio de la función de magistrado.

 

De manera que la temporalidad de tres años, si se encamina a cumplir con un fin constitucionalmente válido, relativo a la independencia judicial, misma que queda asegurada, si partimos de la base de que, el numeral 59 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, ordena la abstención por un año posterior a la conclusión del cargo, y los tres años de haber de retiro, triplican ese lapso, lo que indudablemente, si genera condiciones para planear el futuro, lo que a la vez, redunda en la estabilidad, pues durante el lapso de tres años, con la experiencia laboral adquirida puede instrumentar su desarrollo en el ámbito público y privado, sin tener preocupación o zozobra de cómo va a satisfacer su subsistencia durante el lapso de tres años mencionado.

 

En conclusión, se estima que es constitucionalmente razonable el lapso de tres años, pues ha sido fijado por el legislador local en ejercicio de su libertad de configuración, tomando en cuenta también que, el haber de retiro, se paga con el presupuesto público asignado al Tribunal Superior de Justicia, presupuesto que está encaminado a materializar el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que el interés social, demanda que ese presupuesto sea destinado, primordialmente a la administración de justicia, y en la especie, el haber de retiro se otorga a quien ya no ejerce la función judicial, de ahí que no se otorgue un lapso mayor  a tres años, pues iría en detrimento de la hacienda pública estatal y de la administración de justicia, y en específico, en el ejercicio del presupuesto del Tribunal.

 

INDONEIDAD. Esta medida legislativa es adecuada para alcanzar fines Constitucionalmente válidos; pues el haber de retiro establecido en el presente Dictamen permite al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, obtener una prestación económica por los años de servicios brindados al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

 

Esto es, no resulta factible un periodo mayor a tres años, para recibir un haber, ya que después de fungir como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, después de un año de haber concluido su encargo, no tiene impedimento constitucional o legal alguno, para ejercer la profesión de abogado que lo caracterizó para ocupar un cargo público de tan alto grado constitucional.

 

Asimismo, se destaca que los porcentajes otorgados por concepto de haber de retiro, encuentran su justificación en la circunstancia de que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, ya no ejerce la función judicial, de ahí que no sea factible otorgarle porcentajes mayores, pues se insiste, que la sociedad demanda que el presupuesto se destine primordialmente a la administración de justicia, para materializar el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

NECESIDAD. Hay varias posibles medidas legislativas que pudieron ser elegidas para alcanzar los objetivos pretendidos, pero se opta por el esquema de fijar haber de retiro con temporalidad y porcentajes específicos, para los magistrados estatales y, en consecuencia, prever un haber de retiro que se proporcionará una vez concluido su encargo.

 

La forma en que se integra el haber está dentro del margen de apreciación del legislador del Estado de Tlaxcala. No obstante, se hace notar que la prestación de haber de retiro por el término de tres años, en los porcentajes (70, 60 y 50%, respectivamente), cumple con la necesidad de garantizar la estabilidad e independencia judicial, sin que la medida resulte restrictiva dentro de las posibilidades de su configuración, precisamente porque genera condiciones para que durante el lapso de tres años, el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, pueda sufragar sus necesidades y las de su núcleo familiar.

 

PROPORCIONAL EN SENTIDO ESTRICTO. El hecho de que el haber de retiro tenga un límite temporal, no viola las garantías del artículo 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el plazo de 3 años es razonable tomando en cuenta la función sustancias del Poder Judicial en el Estado de Tlaxcala, es administrar justicia, y apara esa función se debe destinar primordialmente el presupuesto; máxime si se considera que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deriva un derecho o expectativa de que el Estado cubra un haber de retiro durante toda la vida para quienes se hubieran desempeñado como magistrados locales ni establece de forma explícita un mínimo de temporalidad.

 

Es decir, esos tres años de duración del haber de retiro garantizan los ingresos de quienes fueron magistrados durante la cuarta de tiempo que fungió en ese encargo. Además, en la entidad federativa las personas que desempeñaron dicho cargo pueden trabajar e inclusive ejercer su profesión.

 

En efecto, el término de tres años, en los porcentajes (70, 60 y 50%, respectivamente) guarda un equilibrio entre la pretensión de que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, satisfaga sus necesidades, equivale al triple del lapso en que dicho abogado está impedido para intervenir en asuntos que le puedan generar conflicto de intereses, la medida se encamina a no mermar considerablemente el presupuesto del Poder Judicial Local, para que sea empleado primordialmente en la administración de justicia, y por ende, se colme también el interés social, al asegurarse y materializarse ambivalentemente, por un lado, la no afectación a la administración de justicia, y por otro lado, la estabilidad e independencia judicial.

 

Así, el haber de retiro otorgado genera condiciones para que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, durante el lapso de tres años, tenga una vida digna, entendida como un valor filosófico que se ha esparcido en el ordenamiento jurídico, y se encamina a que una persona esté en condiciones de sufragar las necesidades que resulten primordiales para su subsistencia en el ámbito familiar, profesional, en la salud, es decir, para lograr un desenvolvimiento social; y por lo que respecta al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, el término de tres años, en los porcentajes (70, 60 y 50%, respectivamente) se encaminan a incidir en su vida, en la temporalidad y porcentajes mencionados, para generar condiciones que le permitan proyectarse hacia el futuro.

 

Lo anterior, porque Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, concluyó su cargo en febrero de 2014, de ahí que la abstención de ejercer su profesión para no generar conflicto de intereses, feneció en febrero de 2015, por lo que a partir de esa fecha está en posibilidades de que, con el apoyo que deviene del haber de retiro, concrete acciones que lo proyecten hacia el futuro, en su desarrollo personal y profesional.

 

Por las consideraciones ya reseñadas resulta que, el presente Dictamen, no transgrede lo dispuesto por el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Los motivos expuestos, se encaminan a cumplimentar la ejecutoria de amparo, a efecto de justificar que lo determinado en el decreto 202, es acorde a la Carta Magna, al establecer que, el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de tres años, que deberá ser acorde a la remuneración que percibía, congruente con el salario y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual, suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación; por lo que, con los razonamientos descrito, se cumple con la orden de justificar que, el primer año le será pagado el equivalente el setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía.

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, las Comisiones que suscriben, se permiten someter a la amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

 

P R O Y E C T O

D E

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, apartado A, fracción II, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y atento a que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 239/2016, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ordenó motivar la determinación contenida en el Decreto 202, en el sentido de exponer las razones, motivos y circunstancias que justifiquen, la temporalidad y los porcentajes del haber de retiro otorgado al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, se REFORMA el Dictamen con Proyecto de Decreto, aprobado en sesión pública de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, sólo por lo que respecta a los motivos y fundamentos que dieron origen a la determinación de la temporalidad y el porcentaje que le fue otorgado a éste, con motivo del haber de retiro, dichas consideraciones están sustentadas en términos de lo establecido en los considerandos identificados con los números SEIS, SIETE Y OCHO del presente dictamen, considerandos con los que se motiva y justifica lo determinado en el decreto 202, en el sentido de otorgar al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, un haber de retiro por tres años con un porcentaje de 70, 60 y 50 por ciento, respectivamente, tal y como se estableció en el Artículo Único del Decreto 202 que reformó el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece, esto, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada el día veinte de junio de dos mil dieciséis.  

                                                                                                              

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese el presente decreto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, remitiendo copia certificada de este Dictamen, a efecto de informar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo indirecto 239/2016.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su aprobación, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Local.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial d

el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

 

 

 

 

 

 

DIP. IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ

PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DIP. FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ     DIP. SANDRA CORONA PADILLA            VOCAL                                               VOCAL

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO    DIP. AGUSTÍN NAVA HUERTA

        VOCAL                                                 VOCAL

 

 

 

 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ   DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ

                VOCAL                                           VOCAL

 

 

 

 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO AMARO CORONA

PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ     DIP. JOSÉ MARTÍN RIVERA

             SANTIAGO                                       BARRIOS

       VOCAL                                           VOCAL

 

 

 

 

 

 

 

DIP. DELFINO SUÁREZ PIEDRAS        DIP. JESÚS PORTILLO HERRERA

                VOCAL                                                VOCAL

                                                                      

 

 

 

 

 

 

DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE      DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ

                    VOCAL                                             VOCAL

                                                                      

 

 

 

 

DIP. J. CARMEN CORONA PÉREZ          DIP. YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ.

                     VOCAL                                             VOCAL 

  • Última hoja del dictamen con proyecto de Decreto derivado del expediente parlamentario número LXII 033/2017.

[1] Decreto que fue reformado con motivo de resolución judicial dictada por el Juzgado de Distrito a través de sentencia de amparo que fue otorgado a favor de RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA.

[2] En similar sentido, la Corte Constitucional de Colombia, sostiene que “La independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones […] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”; Cfr. Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. C-037/96, 5 de febrero de 1996.

[3] Argumento sustentado en criterio jurisprudencial de rubro: “INDEPENDENCIA JUDICIAL. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL”, pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los datos de localización siguientes: Época: Novena Época, Registro: 175918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XIV/2006, Página: 24.

[4] Argumento sustentado en criterio jurisprudencial de rubro: “MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SU SEGURIDAD ECONÓMICA ES UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL”, pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los datos de localización siguientes: Época: Novena Época, Registro: 175894, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 18/2006, Página: 1449.

[5] Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores públicos.

Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza, veracidad y eficacia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, independientemente de las que les correspondan en razón de la naturaleza del mismo, y sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, los servidores públicos tienen las obligaciones administrativas siguientes:

XVI. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles a su favor, en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado, siempre y cuando dicho beneficio se le otorgue por concepto de retribución o compensación por el desempeño de sus funciones; así como donaciones, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIV, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate, en el desempeño de su cargo, empleo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado de dicho empleo, cargo o comisión;

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