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DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA.

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA.

 

 

H O N O R A B L E     A SA M B L E A:

 

El que suscribe, Diputado Jesús Portillo Herrera, en representación del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45, 46 y 54, fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; someto a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala, autorice la comparecencia ante este Congreso del Estado, del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que informen y expliquen diferentes asuntos de su competencia en materia de seguridad que actualmente implementa el Gobierno del Estado, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La fracción XVIII del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, que textualmente establece lo siguiente:

 

“ARTÍCULO 70. Son facultades y obligaciones del Gobernador:… XVIII. Velar por la seguridad y orden públicos; disponer de las instituciones de seguridad pública del Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales, en aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

 

Bajo esta tesitura, el Gobernador del Estado es el jefe de las fuerzas de seguridad tanto estatal como municipal y es el principal responsable de la seguridad de los tlaxcaltecas.

 

Los Artículos 71 y 72 de la Constitución local, refieren que la Institución del Ministerio Público, en representación jurídica de la sociedad, velará por el cumplimiento de las leyes y será el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a la procuración de justicia, teniendo en su estructura órganos de dirección, profesionales y técnicos y se debe regir por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, unidad y buena fe.

 

La misma Constitución en su Artículo 73, menciona que el Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya designación se hará por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador del Estado.

 

En tanto el Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, refuerza las atribuciones del Gobernador del Estado mencionando que para el mejor ejercicio de sus funciones, “se auxiliará de los servidores públicos, de mandos medios, personal de apoyo, técnicos y empleados necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y que la Ley de Egresos determine, estableciendo la Oficialía Mayor las bases y mecanismos esenciales de un esquema de profesionalización y ética de los servidores públicos”.

 

Al respecto, el Pleno de este Congreso, con fecha 19 de enero del presente año designó, con 23 votos a favor de los integrantes de la LXII Legislatura local, a Tito Cervantes Zepeda como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien de manera inmediata rindió protesta de ley al cargo.

 

Previo a dicho acto, durante el examen público de oposición, Cervantes Zepeda, sostuvo que en este momento la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene mucha responsabilidad en relación con los acontecimientos de la situación que vive el país en general, respecto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, “siendo un reto que tenemos todos los mexicanos y por supuesto Tlaxcala”.

 

En su planteamiento de trabajo, expresó aplicar todo lo necesario para poder hacer que el Nuevo Sistema funcione correctamente para beneficio de la sociedad, pronunciándose por profesionalizar y capacitar a los ministerios públicos y en especial a la policía de investigación, poner atención al tema de trata de personas que tiene estigmatizado al Estado de Tlaxcala a nivel nacional e internacional, además de atender la corrupción que se ha infiltrado en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar los derechos humanos en cada proceso.

 

Sin embargo, a raíz de la creciente ola de inseguridad que se vive en la entidad y ante la falta de información de programas y políticas públicas relacionadas con la investigación, valoración y revisión de los expedientes delictivos, se hace necesario conocer qué se ha hecho y qué no en esta materia, pues la cerrazón de la actual administración para un trabajo en conjunto está teniendo repercusiones que afectan a los tlaxcaltecas.

 

Por otra parte, con fecha 25 de abril del presente año, el diputado Alberto Amaro Corona, presentó en esta tribuna la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala, autorice la comparecencia ante este Congreso del Estado, del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado, para que explique la política de seguridad pública y procuración de justicia, que actualmente implementa el Gobierno del Estado. Empero, no debemos quedarnos cortos ante el aumento de los índices delictivos que han lastimado a la sociedad tlaxcalteca, por lo que también debe comparecer el Procurador del Estado, pues la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno debe ser una constante y el papel que juega la Procuraduría General de Justicia del Estado en esta materia, debe ser conocido por los integrantes de este Congreso como corresponsables de salvaguardar la integridad de la población que exige a las autoridades mayor protección.

 

Como presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, expreso mi preocupación por los altos índices delictivos en nuestra entidad, que día a día van en aumento, así como la falta de acciones del gobierno en turno para mitigar diversos flagelos que ponen en duda las estrategias de seguridad, además de que no se puede seguir con discursos halagadores por parte de la Secretaría de Gobierno al mencionar que Tlaxcala sigue siendo seguro.

 

Al ser miembros de esta LXII Legislatura, no debemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que las cifras nacionales nos rebasen para actuar en consecuencia, ni que las autoridades de los tres órdenes de gobierno ubiquen falazmente a Tlaxcala como un Edén. Ya ejecutaron a policías municipales y aun taxista, ya ultimaron a ciudadanos a plena luz del día, han asesinado a propietarios en las afueras de sus comercios, han quemado a personas al interior de su vehículo e incluso, hasta un presidente de comunidad ha sido balaceado en su propia casa y, por si fuera poco, de acuerdo a notas periodísticas del pasado 23 de abril de esta anualidad, un policía de investigación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con charola, arma oficial y radio Matra, intentó robarle el vehículo a un taxista del Municipio de Apizaco.

 

La seguridad pública es una responsabilidad compartida, pero la procuración de justicia, es obligación del Ejecutivo Local, desde la Procuraduría General de Justicia; por lo que debemos reconocer que la inseguridad está avanzando, pero también debemos reconocer, principalmente en el gobierno del estado, que hay dudas en la efectividad del combate a los hechos delictivos, así como la falta de castigos a los criminales que después de haberlos detenido y dado elementos para demostrar su culpabilidad, están libres por la corrupción, por la mala integración de las carpetas de investigación y los fracasos al debido proceso de los imputados.

 

Siendo representantes populares, escuchamos a ciudadanos que lamentan las acciones para poner tras las rejas a los delincuentes, pues ellos son los principales testigos de ver que, a pesar de haber denunciado ante las autoridades competentes a los criminales, nuevamente los ven delinquir, porque no hubo la capacidad de meterlos a la cárcel, situación que da motivos a la población de tomar justicia por su propia cuenta al tratar de lincharlos; que esto es, sólo la consecuencia de dos elementos al menos: la falta de credibilidad por parte de la sociedad en las autoridades encargadas de procurar justicia; y la carencia de capacidad del Procurador General de Justicia del Estado en su encargo.

 

Mucho se ha mencionado que el clima de inseguridad que se vive en nuestro país va en aumento. Datos oficiales dan cuenta que este año de 2017 es el año con el arranque más violento del que se tenga registro en México con mil 938 homicidios en el mes de enero y que en 25 de las 32 entidades, hubo un incremento de asesinatos en el arranque de este año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el cual también da a conocer que en Tlaxcala, en el primer trimestre del año, han ocurrido 100 homicidios culposos y 29 dolosos, sin que alguno esté tipificado como feminicidio a pesar de que en la entidad existen registro de por lo menos siete mujeres con rasgos de tortura, golpes, estrangulamientos, maniatadas, violadas, entre otros; así como un sin número de desaparición de niñas y niños, asesinatos, robos en carreteras, asaltos, robos a casa-habitación, a comercios, robo de auto partes, robo de taxis, extorsiones, secuestros, ataques hacia autoridades y a elementos de seguridad pública, todas que en su mayoría quedan impunes por falta de denuncias y por la desconfianza que existe hacia las autoridades.

 

La misma dependencia señala que en el primer trimestre del año, Tlaxcala se consolidó como uno de los estados más inseguros para los conductores de camiones de carga al sumar 274 robos con violencia, cifras que triplican a los reportados en el primer mes de este año cuando se contabilizaron 82 robos con violencia en la entidad.

 

Ante estos datos, se hace necesario redoblar esfuerzos, analizar y replantear las diferentes estrategias de seguridad, con el objetivo de combatir eficazmente los diferentes rubros que atañen a la inseguridad y ser proactivos en la toma de decisiones que permitan salvaguardar la integridad de la población, sus bienes y sus derechos plasmados en la Carta Magna.

 

Si bien es cierto que se debe implementar el Sistema Anticorrupción que hoy pomposa y disfrazadamente le quieren llamar mis compañeros diputados de “Ética e Integridad Pública”, también es cierto, que se debe empezar por la casa.

 

No debe el Gobernador, pasando por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y hasta aquel grupo de élite que opera en la policía de investigación, solapar actos corruptos como lo fue el que un policía de investigación, con arma de cargo, charola y radio matra, intentara robar a un taxista su vehículo y que acto seguido, un grupo amafiado al interior de la policía de investigación, intentara obstruir la llegada de su destino a aquel “asaltante oficial”.

 

¡Por favor!, ¡La sociedad no somos estúpidos!, ¡Basta de corruptelas!

 

Bajo estas premisas y tomando en cuenta la “Gobernanza Moderna” que planteó el Gobernador al inicio de su administración, debe ejercitarse con la disposición para que comparezcan los titulares de las dependencias encargadas de velar por la seguridad y justicia de los tlaxcaltecas; pues dicha Gobernanza con civilidad democrática, en la que es posible superar las diferencias y apuntalar el desarrollo de Tlaxcala a partir de las coincidencias y acuerdos, debe ser una realidad; y que, por cierto, a la fecha, ni siquiera se ha presentado a esta Soberanía el Plan Estatal de Desarrollo por parte del Poder Ejecutivo, lo que impide conocer las directrices en materia de seguridad, además de generar que los Ayuntamientos incumplan con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el cual sostiene que “Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo…” y “este programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo”.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

 

P R O Y E C T O

D E

A C U E R D O

 

PRIMERO. Con fundamento en los Artículos 45, 46 y 54, fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Congreso del Estado, solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala, autorice la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que presente ante el pleno del Congreso local un informe y explique la situación que guarda el Estado de Tlaxcala en materia de seguridad y procuración de justicia, los avances en materia de trata de personas, homicidios, desaparición de niñas y niños, suicidios, feminicidios, estrategias y programas gubernamentales en general y las políticas públicas de prevención e investigación de los delitos, desaparición de personas y las sanciones ejecutadas, entre otros.

 

SEGUNDO. Se mandata al Presidente de la Mesa Directiva para que informe al Gobernador del Estado el presente Acuerdo y, en su caso, establezca en conjunto con el Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, los términos en que deba darse la comparecencia del funcionario mencionado en el punto anterior.

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

 

 

 

DIP. JESUS PORTILLO HERRERA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

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