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INICIATIVA QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA,

INICIATIVA QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A TRAVÉS DE SU COORDINADOR, DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, POR LA QUE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMANTES Y DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

 

  1. Diputado Presidente de la Mesa Directiva

CC Compañeras y Compañeros Diputados

 

El suscrito Diputado Alberto Amaro Corona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, a nombre de dicho Grupo Parlamentario, con fundamento en los Artículos 45 y 46 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento la Iniciativa de Ley para la Protección de Informantes y Denunciantes de Actos de Corrupción del Estado de Tlaxcala; bajo la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En abril del 2015, la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión aprobó con más del 90 por ciento de votos a favor, diversas Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevando a nuestro mayor ordenamiento jurídico las demandas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción.

Las Reformas a nuestra Constitución Política en materia de combate a la corrupción, establecieron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, quedando como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Esas Reformas, que aún se mantienen pendientes en el marco legal de nuestro Estado, fueron el resultado de escuchar las demandas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción, cuyos actos son un lastre que vulnera nuestras instituciones y al Estado de Derecho.

De acuerdo al Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, los países con los menores niveles de corrupción son los que tienen el mayor nivel de desarrollo y menor inequidad, como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia. En el otro extremo, aquellos con el mayor nivel de corrupción son a la vez los menos desarrollados y más desiguales, como Somalia, Sudán del Sur y Corea del Norte. Por ello, el combate a la corrupción constituye un pendiente fundamental para la promoción del desarrollo.

Según este índice, México se encuentra en el lugar 123 de 176 países, quedando como uno de los 55 países más corruptos del mundo. Con una calificación de 30 puntos, en escala de 0 a 100, México se encuentra por debajo de Honduras y Tanzania, y en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.

En nuestro país, de acuerdo con información de México Evalúa, la contratación de obra pública es uno de los puntos de mayor riesgo de prácticas de corrupción. Sin embargo, la prestación de servicios públicos y la impartición de justicia se encuentran subrayados como otros componentes propensos a la corrupción. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto, mientras que el INEGI calcula que alcanza un monto de $47 mil millones de pesos al año.

Adicionalmente, en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, nuestro Estado ha mostrado un significativo incremento en la percepción ciudadana de corrupción, ya que entre el 2001 y el 2010, el Estado de Tlaxcala pasó de una calificación ciudadana de corrupción de 6.6 a una calificación de 10.2.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta una tasa de 13 mil 174 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que se ubica sobre la media nacional de 12 mil 590 y coloca a la entidad en el octavo lugar nacional.

El propio INEGI, en materia de actos de corrupción, reporta 28 mil 711 por cada 100 mil habitantes en Tlaxcala, ubicando a nuestra entidad entre los 10 estados más corruptos del país.

En el contexto actual de nuestro país y de nuestro estado, prevenir los hechos de corrupción es necesario para fortalecer a las instituciones públicas, para otorgar a la ciudadanía la garantía de que los recursos públicos se gastan con eficiencia, buscando siempre el bienestar colectivo. Es por esto que se deben implementar todas las estrategias posibles para prevenir los hechos de corrupción en los que se puede incurrir en el sector público.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirma que incentivar a los empleados públicos para informar sobre actos indebidos, y ofrecerles medidas objetivas y claras de protección durante el proceso, es un componente esencial de la prevención de la corrupción en el sector público. Dado que los empleados son generalmente los primeros en reconocer actos indebidos en su área de trabajo, al fomentar y apoyar su denuncia sin temor a represalias, las autoridades pueden facilitar la detección y prevención de actos de corrupción.

Igualmente, la OCDE afirma que, en el sector público, la protección a informantes o denunciantes de hechos indebidos, facilitará a los Sistemas Anticorrupción la detección de cobros de sobornos, de colusión con el sector privado, el mal uso o desvío de recursos públicos, y de otras prácticas que lastiman a la sociedad al vulnerar la confianza que depositan en sus servidores públicos.

Dado que, en general, los trabajadores de los niveles jerárquicos bajos y medios, son quienes realizan muchas de las operaciones reales en el sector público, se encuentran en una posición que les permite detectar con mayor facilidad los actos indebidos. Sin embargo, son precisamente los trabajadores de los niveles jerárquicos bajos y medios, quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad laboral y no se favorecen de los ilegítimos frutos de los actos indebidos, pero ante el temor a perder su empleo, no denuncian estos hechos.

Actualmente, los países con mayores índices de desarrollo cuentan con legislaciones desarrolladas expresamente para proteger a los denunciantes de actos de corrupción, con los objetivos ya descritos de detectar a tiempo actos indebidos, e impedir que se incremente su efecto y el daño que se puede generar a las instituciones. Es así que Australia, Canadá, Japón, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, cuentan con legislación nacional para proteger a los denunciantes de actos de corrupción en el sector público.

Es por esto que consideramos pertinente, como parte de la modificación a la legislación de nuestro Estado para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, establecer medidas de protección claras, racionales, objetivas y viables, para incentivar a todas aquellas personas que sean testigos de actos de corrupción en cualquier institución pública de nuestro Estado, sin temor a comprometer su integridad física o la de sus familias, o a perder su patrimonio.

Reiteramos que en el combate a la corrupción fueron esbozados hace dos siglos en la construcción de los cimientos institucionales de nuestro país, cuando Don Benito Juárez García, ante la X Legislatura del Estado de Oaxaca, expresó en 1852 que “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

 

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, propone al Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, la siguiente iniciativa:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMANTES Y DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO I

DISPOSICION GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Tlaxcala. Tienen por objeto facilitar e incentivar las denuncias de posibles actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto en materia administrativa como en materia penal. Asimismo, esta Ley garantizará la protección a los servidores públicos o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie o testifique sobre posibles actos de corrupción.

ARTÍCULO 2. A falta de disposición expresa en esta Ley respecto a los procedimientos administrativos a seguir, se aplicará supletoriamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

  1. Actos de Corrupción. La acción u omisión cometida por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones o funciones que contravengan los principios y directrices que rigen su actuación conforme al Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; o que a través de estos pretendan obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, para sí mismo o para un tercero, o aceptar la promesa de tales ventajas, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones;
  2. Acto de Hostilidad. Toda acción u omisión intencional, independientemente de quien sea el responsable, que pueda causar daños o perjuicios al denunciante o al testigo, privándole de un derecho, como consecuencia de haber denunciado presuntos actos de corrupción; entre los que pueden estar el acoso laboral, despido arbitrario, disminución de salario, movilización intempestiva de centro de trabajo, cambios injustificados de la naturaleza del trabajo, u otros que denoten una modificación de las relaciones laborales y de subordinación no justificables;

III. Denunciante. Toda persona que pone en conocimiento de la autoridad competente a través del Sistema de Denuncias, un hecho que considera que puede constituir un acto de corrupción susceptible de ser investigado.

  1. Subprocuraduría. La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
  2. Servidor Público. Los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado, en la Administración Pública Estatal o en los Ayuntamientos, así como los servidores públicos de los Órganos Públicos Autónomos, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos con independencia de su modalidad de contratación.
  3. Informante. El servidor público o cualquier persona que, siendo testigo de un posible acto de corrupción, de buena fe reporta a través del Sistema de Denuncias información respecto a posibles violaciones a las Leyes, casos graves de corrupción, o de posibles amenazas a la seguridad del Estado de Tlaxcala o de sus habitantes, o al medio ambiente, así como violaciones de derechos humanos.

VII. Instituto. El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.

VIII. Ley. Ley para la Protección de Informantes y Denunciantes de Actos de Corrupción del Estado de Tlaxcala.

  1. Medidas de Protección. Conjunto de instrumentos dispuestos por las autoridades competentes orientados a proteger el ejercicio, los derechos personales y laborales de los informantes y testigos de posibles actos corrupción, así como el procesamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción. Su aplicación dependerá de circunstancias y condiciones de vulnerabilidad de los informantes y testigos, evaluadas por la autoridad competente y, de considerarse necesario, se hará extensible a su cónyuge o conviviente y a sus descendientes.
  2. Sistema de Denuncias: El mecanismo de recepción de denuncias de probables actos de corrupción, que permitan a las personas realizar denuncias de forma remota, salvaguardando su identidad.
  3. Persona protegida. Denunciante o testigo de un posible acto de corrupción, a quien se le han concedido Medidas de Protección con la finalidad de garantizar el ejercicio sus derechos personales y laborales.

XII. Programa. Al Programa de Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción del Estado de Tlaxcala.

XIII. Sistema. El Sistema Estatal Anticorrupción.

XIV. Testigo. La persona que por alguna circunstancia posee información sobre posibles actos de corrupción, y se encuentra dispuesta a colaborar, rindiendo su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a los responsables de los actos.

ARTÍCULO 4. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, en el ámbito su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Subprocuraduría o cualquiera de los organismos que integran al Sistema, para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 5. La administración y ejecución de las Medidas de Protección contempladas en la Ley, son independientes del desarrollo de los procesos de responsabilidades. Sin embargo, dichos procesos podrán ser utilizados para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

ARTÍCULO 6. La información y documentación relacionada con la identidad de las personas protegidas, será considerada como Reservada y Confidencial, en los términos que disponen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

En caso que, para la instrumentación de las Medidas de Protección, se deba realizar la contratación o adquisición de servicios con particulares, se deben aplicar criterios de reserva y confidencialidad respecto de los antecedentes de las personas protegidas, de modo tal que los proveedores de servicios bajo ningún caso puedan tener acceso a la información que posibilite, por cualquier medio, la identificación de la Persona Protegida.

ARTÍCULO 7. A fin de lograr los objetivos de esta Ley, el Comité Coordinador del Sistema y el titular de la Subprocuraduría, en términos de sus atribuciones, podrán celebrar acuerdos, convenios o demás instrumentos jurídicos con personas físicas o morales, así como con autoridades federales, de los gobiernos de los Estados y de Municipios, con los organismos públicos autónomos, así como con organismos de los sectores social y privado, que resulten conducentes para otorgar las Medidas de Protección a personas.

ARTÍCULO 8. El Sistema deberá promover cambios organizacionales y funcionales en la Administración Pública, y establecer medidas y protocolos que aseguren la atención oportuna y la confidencialidad del acto de denuncia, así como de las solicitudes de Medidas Protección a denunciantes y testigos de posibles actos corrupción.

CAPÍTULO II

DE LOS INFORMANTES Y DENUNCIANTES

ARTÍCULO 9. Todas las personas que observaren o tuviesen conocimiento de un posible acto de corrupción tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los hechos, para su posterior investigación y sanción, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la sus bienes, así como la conservación de sus condiciones trabajo.

En el caso de los servidores públicos, esta obligación, así como los procedimientos para realizarlo y las Medidas de Protección que garanticen el acto, se hará de su conocimiento al momento de su contratación con la entidad pública, independientemente de su modalidad de contratación.

Las autoridades tienen el deber de facilitar a los servidores públicos y a los particulares el cumplimiento de la obligación de denunciar posibles actos de corrupción y proteger sus derechos.

ARTÍCULO 10. El denunciante tiene derecho a presentar su denuncia de forma anónima. No es necesario que el denunciante especifique o clasifique los posibles hechos de corrupción por su naturaleza jurídica, administrativa, penal o fiscal; para ello, y para garantizar que la identidad del denunciante se preserve, el Comité Coordinador del sistema, en coordinación con la Subprocuraduría, instalará el Sistema de Denuncia, constituido con medios remotos de denuncia, que faciliten e incentiven las denuncias de posibles hechos de corrupción de forma expedita, además de ser accesibles a las personas con discapacidad.

Si es el caso, la autoridad valorará la información recibida y a partir de esa valoración se determinará la procedencia o no del inicio de las investigaciones pertinentes, teniendo que informar al denunciante sobre dicha determinación en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la denuncia inicial, en términos del Artículo 20 de la presente Ley.

ARTÍCULO 11. No podrán ser sancionados o perseguidos los sujetos obligados  como servidores públicos, miembros de los fideicomisos o fondos públicos, sindicatos, partidos políticos o cualquier persona física o moral, responsable por la divulgación de información clasificada como Reservada o Confidencial, cuando actuando de buena fe, revele información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, posibles actos de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente o de violaciones a los derechos humanos.

ARTÍCULO 12. Para definir si existe responsabilidad por parte del informante, el Instituto, en coordinación con la autoridad competente, deberá determinar el estado de necesidad y se deberá ponderar la proporcionalidad entre el beneficio social y el daño inminente, presente, probable y específico que genera la publicidad de la información.

ARTÍCULO 13. En caso de no comprobarse el cumplimiento de las causales referidas en el Artículo 11, la persona que revele información Reservada o Confidencial de forma indebida deberá sujetarse a lo dispuesto por el Capítulo IX de esta Ley y demás legislación aplicable en materia de responsabilidades.

ARTÍCULO 14. En caso de comprobarse el cumplimiento de las causales referidas en el Artículo 11, la autoridad competente, en términos del CAPÍTULO IV de esta Ley, deberá analizar la información que terceros le presenten, a partir de las divulgaciones de los informantes, como si se tratara de denuncias anónimas, en términos del ARTÍCULO 10 de esta Ley.

CAPÍTULO III

DE LOS TESTIGOS

ARTÍCULO 15. Tendrá la calidad de Testigo, toda persona que por alguna razón posee información adicional, complementaria o relacionada con una denuncia sobre posibles actos de corrupción y que se encuentra dispuesta a colaborar con las autoridades, ya sea a través de su testimonio o aportando otros elementos de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a los responsables de los actos de corrupción.

CAPÍTULO IV

DE LA DENUNCIA

ARTÍCULO 16. La denuncia de posibles actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de un servidor público o de cualquier persona, de poner en conocimiento de las autoridades competentes un posible acto de corrupción para su posterior calificación, investigación y sanción. Puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de Medidas de Protección.

Su sola interposición lo hace contar con garantías y Medidas de Protección básicas, conforme a lo estipulado en el Artículo 31 de la presente Ley.

ARTÍCULO 17. Cuando la denuncia esté relacionada con posibles actos de corrupción de naturaleza administrativa, la autoridad competente para conocer de las solicitudes y otorgar las Medidas de Protección, será el Comité Coordinador del Sistema.

ARTÍCULO 18. Cuando la denuncia esté relacionada con posibles actos de naturaleza penal, la autoridad competente para conocer las solicitudes de Medidas de Protección y determinar su otorgamiento, será la Subprocuraduría.

 

ARTÍCULO 19. Podrán fungir como receptoras de denuncias, las siguientes autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia:

  1. El Congreso del Estado de Tlaxcala;
  2. La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala;
  • El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala;
  1. Los Órganos de Control Interno de los poderes del Estado, de los Organismos Públicos Autónomos, y de los Ayuntamientos;
  2. Tribunales de Trabajo; y
  3. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen leyes.

Las denuncias recibidas por las autoridades enunciadas en el párrafo anterior, deberán turnarse de forma inmediata al Comité Coordinador del Sistema o a la Subprocuraduría, según corresponda, en términos de los Artículos 9 y 10 de esta Ley.

Los Titulares de los Poderes, Órganos y Dependencias señalados en este Artículo tienen la obligación de velar por la protección de los derechos de quienes denuncien posibles actos de corrupción.

 

ARTÍCULO 20. Independientemente del medio de su presentación, toda denuncia contará con constancia escrita, para lo cual se deberán tomar las medidas necesarias para identificar al denunciante con algún código diferente a su identidad, no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad tanto en los procesos administrativos como en los judiciales sin menoscabo de  las garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, deberá mantenerse un registro de todas las personas que tengan acceso al expediente de denuncia, quedando impedidas de dar a conocer esa información de un modo que revele la identidad del denunciante, o la de cualquier persona vinculada con él.

El Comité Coordinador del Sistema expedirá los lineamientos para dar cumplimiento a esta disposición.

ARTÍCULO 21. Ningún servidor público podrá ser sometido injustificada e ilegalmente a destitución o remoción, demora de ascenso, suspensión, traslado intempestivo, reasignación o privación de funciones, calificaciones o informes negativos, así como a cualquier otra acción de acoso laboral, como consecuencia de haber denunciado o por pretender denunciar o testificar sobre posibles actos de corrupción.

ARTÍCULO 22. Las autoridades receptoras de las denuncias, también son competentes para recibir denuncias de actos de hostilidad contra el denunciante o testigo.

Recibida la denuncia de hostilidad, se requerirá al superior jerárquico del servidor público denunciado para que rinda un informe por escrito en relación con los hechos contenidos en la denuncia en un término que no deberá exceder de cinco días contados a partir de la notificación, en caso de no presentar en tiempo y forma el mismo, se presumirán ciertos los hechos denunciados.

De determinarse como existentes los actos de hostilidad, éstos se pondrán en consideración de la autoridad penal y administrativa para que se emitan las medidas cautelares respectivas y se sancione a los responsables. Se considerará como agravante cuando se demuestre que el acto hostil es atribuible al superior jerárquico del denunciante o testigo,.

ARTÍCULO 23. En ningún caso, la presentación de una denuncia sobre posibles actos de corrupción de un superior jerárquico podrá ser interpretada como un incumplimiento de las obligaciones contractuales del denunciante, o una falta de lealtad con la autoridad o con la institución que puedan dar lugar a medidas sancionatorias, salvo lo dispuesto por el siguiente Artículo.

ARTÍCULO 24. Los denunciantes y testigos que deliberadamente demanden por posibles actos de corrupción que no se han cometido, o que simulen pruebas o indicios de su comisión que puedan servir como motivo para iniciar un proceso de investigación administrativa y/o penal, formule denuncias o preste testimonios contra terceros, serán sancionados en términos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, según corresponda.

CAPÍTULO V

DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 25. El Comité Coordinador del Sistema establecerá un Programa de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción.

Tendrá por objeto otorgar protección a los servidores públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre posibles actos de corrupción, mediante la instrumentación de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su identidad; su integridad, la de sus bienes, así como sus derechos laborales, y la integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o concubino o concubina y sus descendientes.

ARTÍCULO 26. La protección que sea otorgada en el ejercicio del Programa deberá sujetarse a un periodo mínimo de dos meses, sujetos a revisiones mensuales de la continuidad de las amenazas u actos hostiles que las motivaron.

En las revisiones mensuales, el Comité Coordinador determinará si es necesario extender las Medidas de Protección, justificando la determinación del periodo de protección recomendado.

En caso que se considere que las Medidas de Protección ya no sean necesarias, el Comité Coordinador del Sistema dictará su levantamiento.

ARTÍCULO 27. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el Comité Coordinador del Sistema dotará de máximas garantías personales a todo el personal responsable de la protección a denunciantes y testigos de posibles actos de corrupción. Adicionalmente, implementará procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal para el ejercicio del cargo.

En la integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos para los ejercicios fiscales correspondientes, la Secretaría de Planeación y Finanzas integrará los requerimientos necesarios para que el Programa cuente con los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 28. El Comité Coordinador del Sistema procurará mantener relaciones de cooperación interinstitucional con finalidad de fortalecer el desempeño del Programa de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en el cumplimiento de sus labores.

CAPITULO VI

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 29. El acceso a la protección de los denunciantes de posibles actos de corrupción, es un derecho que les garantiza el ejercicio y goce pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales, que podrían estar amenazadas como consecuencia de una denuncia.

Las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos de quienes en calidad de servidores públicos o particulares informen, denuncien o emitan testimonio sobre posibles actos de corrupción y, en caso que se requiera, conceder las Medidas de Protección adicionales señaladas en esta Ley.

Esta protección no condiciona la posible participación de los informantes, denunciantes o testigos, durante el proceso de investigación del acto de corrupción en calidad de testigos.

ARTÍCULO 30. Las Medidas de Protección deberán ser realizables y proporcionales a:

  1. La vulnerabilidad del informante, denunciante o testigo sujeto a las Medidas de Protección;
  2. La situación de riesgo en la que se puedan encontrar, dado el nivel jerárquico, posición de poder y capacidad de influencia de los actores señalados;
  • La importancia del actor señalado, y de los posibles actos de corrupción señalados;
  1. La trascendencia, calidad de las evidencias presentadas o del testimonio ofrecido, o la idoneidad de la denuncia o testimonio ofrecidos;
  2. La capacidad de la persona y de sus familiares para adaptarse a las condiciones del Programa, y
  3. Otras circunstancias que justifiquen la medida.

ARTÍCULO 31. Todos los denunciantes, informantes y testigos de posibles actos de corrupción, contarán con las siguientes medidas básicas de protección, no requiriendo de ningún pronunciamiento específico motivado por autoridad alguna:

  1. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, y
  2. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de esta Ley.

En caso que el denunciante, informante o testigo sea un servidor público se protegerán sus condiciones laborales. Esta protección podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción a que hubiere lugar. En ningún caso esta protección exime al servidor público de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia.

En caso que el denunciante o testigo no tenga el carácter de servidor público, y sea sujeto de actos de hostilidad o de acoso laboral en su centro de trabajo, recibirá asesoría legal a efecto de hacer valer sus derechos conforme a la legislación aplicable.

ARTÍCULO 32. Se podrán otorgar Medidas de Protección a los denunciantes, informantes o testigos de posibles actos de corrupción siempre que se considere el peligro o vulnerabilidad real o potencial de sus derechos a la integridad personal y la de sus bienes o la variación injustificada de sus condicionales laborales. Estas son:

  1. Medidas de Protección laboral para servidores públicos:
  2. Traslado de dirección, unidad o de dependencia administrativa o área de adscripción;
  3. Traslado de centro de trabajo según sea el caso;
  4. Licencia temporal con goce de sueldo, y
  5. Otras que considere la autoridad.
  6. En caso que el denunciante no sea servidor público, se dará vista a las autoridades laborales para que resuelvan lo conducente.
  • Medidas de Protección personal
  1. Protección policial para el denunciante o testigo y su cónyuge o conviviente y sus descendientes;
  2. Cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante, y
  3. Otras que considere la autoridad.
  4. Medidas de Protección personal para denunciantes:
  5. Prohibición al denunciado de intimidar o molestar al denunciante, de manera directa o a través de terceras personas, y
  6. Las demás que determine la autoridad.
  7. Medidas de Protección personal para testigos:
  8. La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga, garantizando que en las actas no se haga mención expresa de su nombre, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato personal que permita poner en evidencia su identidad;
  9. Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva del testigo. La aplicación de esta medida no deberá alterar el debido proceso durante el período de investigación del posible acto de corrupción;
  10. Utilización de procedimientos que eviten la participación física del testigo en diligencias;
  11. Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del proceso investigación;
  12. En el caso de testigos que se encuentren en prisión, medidas especiales de protección, como su separación del resto la población carcelaria o su en áreas especiales, y
  13. Las demás que la autoridad competente estime procedentes atendiendo las caso en particular.

El Comité Coordinador del Sistema podrá otorgar Medidas de Protección adicionales, mediante la emisión de una resolución debidamente justificada y motivada conforme al caso específico del solicitante.

ARTÍCULO 33. Adicionalmente, de forma debidamente justificada y motivada, la autoridad competente podrá otorgar a los denunciantes de posibles actos de corrupción, las Medidas de Protección correspondientes a los testigos.

ARTÍCULO 34. El Sistema establecerá los lineamientos relativos a los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de Medidas de Protección, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

CAPITULO VII

DE LAS RECOMPENSAS

ARTÍCULO 35. El Comité Coordinador del Sistema o el Titular de la Subprocuraduría podrán autorizar el otorgamiento recompensas económicas a los denunciantes que proporcionen información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión del acto de corrupción por el servidor público implicado, y se identifique proporcionando su nombre y una vía de contacto que serán protegidos conforme al Artículo 20 de esta Ley.

Los montos de las recompensas se sujetarán a los lineamientos que establezca el Sistema, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 36. El beneficio descrito en el Artículo anterior no se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante tuvo algún grado de participación en el acto de corrupción que lo haya beneficiado directamente, o si este hecho no fue declarado inicialmente.

ARTÍCULO 37. Cuando la información sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la identificación o acreditación de los actos de corrupción, serán objeto de un reconocimiento de carácter no económico.

CAPITULO VIII

DEL RECURSO REVISIÓN

 

ARTÍCULO 38. Contra las decisiones de las autoridades que otorguen, nieguen, modifiquen o extiendan las solicitudes de Medidas de Protección, procede el recurso de revisión, en los términos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 

CAPITULO IX

DE LAS RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO FUNCIONES

 

ARTÍCULO 39. El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones relacionadas con el otorgamiento de Medidas de Protección a los denunciantes y testigos de posibles actos de corrupción, generará para las autoridades competentes responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal, según sea el caso.

Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por imprudencias atribuibles a los sujetos beneficiarios de las Medidas de Protección no son imputables a los servidores públicos y no generan ningún tipo de responsabilidad para éstos o para el Estado.

ARTÍCULO 40. El Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, se sancionará conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ARTÍCULO 41. La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración lo siguiente:

  1. El perjuicio ocasionado al denunciante o testigo;
  2. La afectación a los procedimientos;
  • La naturaleza de las funciones desempeñadas;
  1. La reincidencia en el acto, y
  2. La intencionalidad con la que se haya actuado.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

SEGUNDO. El Sistema Estatal Anticorrupción, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, emitirá los lineamientos y protocolos necesarios para el debido funcionamiento del Programa de Protección a Denunciantes y Testigos de Posibles Actos de Corrupción y para el otorgamiento de las Medidas de Protección establecidas en esta Ley.

TERCERO. El Sistema de Denuncias deberá quedar instalado y en pleno funcionamiento dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al objeto de esta Ley.

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 11 días del mes de mayo del 2017.

 

 

 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

 

DIPUTADO

ALBERTO AMARO CORONA

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO

NAHUM ATONAL ORTIZ

 

 

 

DIPUTADA

FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

 

 

 

DIPUTADO

CÉSAR FREDY CUATECONTZI CUAHUTLE

 

 

 

DIPUTADO

ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA

 

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